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Paco
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_8diciembre

La salida federal

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Celebramos este año un Día de la Constitución Española distinto a conmemoraciones anteriores. Es común la percepción de que la situación política que vive nuestro país, arrastrada por la crisis económica de este último lustro, viene caracterizada por una clara erosión de nuestra estructura institucional y de los consensos políticos nacidos al previo y concretados en el máximo texto de nuestro ordenamiento. De ahí que este aniversario debiera servirnos para reflexionar sobre su reforma, libres de ataduras o prejuicios, pero siempre en el marco de la responsabilidad y el realismo, dos coordenadas que precisamente ayudaron a que España iniciara con la Constitución el periodo democrático más largo de su historia. La reforma de la Constitución no podemos programarla como una llave mágica que solucione ipso facto el profundo desencanto de gran parte de la sociedad española con sus representantes democráticos. Este mismo marco normativo ha sido suficientemente holgado como para encajar una realidad española, social y política, muy diferente a lo largo de los años. Ha sido posible por el consenso forjado durante su elaboración y en su pervivencia. Lo que sucede es que la sociedad española exige nuevos consensos, los cuales han de involucrar a toda la arquitectura constitucional. No es que la sociedad española haya dejado atrás la Constitución en sus reivindicaciones y exigencias. Más bien es que el consenso de la Transición, reconocido por todos pero conocido por más bien pocos –y no votado por un 60 por ciento de los españoles de hoy– ha desaparecido del ánimo del partido político que gobierna el país y representa a una buena parte de la ciudadanía de España. Esa arrolladora soledad parlamentaria rompe las costuras del consenso constitucional. Está por ver la decisión del Tribunal Constitucional en asuntos referenciales para el modelo de convivencia. Sin embargo, la sociedad española comprueba día a día que los derechos consagrados en la Constitución dejan de estarlo en las normas que alumbran las cámaras legislativas. El PP está demoliendo nuestro modelo social a pesar de la Constitución. En el debate sobre nuestro modelo de convivencia, esto es, sobre los márgenes que define nuestra joven Constitución, los socialistas andaluces hemos introducido la reflexión sobre la necesidad de avanzar en la articulación territorial del Estado de las Autonomías a formas federales claras y sin pudor alguno. Que el Estado de las Autonomías sea una forma federal en esencia no implica que cuente con mecanismos de garantía para desarrollar su papel federal en el contexto actual, fruto del devenir de un proceso autonómico que ahora tiene un encaje más complicado, con la eterna disfunción de la financiación y el desequilibrio entre territorios, esto es, entre españoles. Los socialistas andaluces proponemos un federalismo social, cooperativo y pluralista como manera idónea para responder a las legítimas diferencias de los territorios, sin quebranto de lo que ha de ser el respeto eficaz al igualitario reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y a la solidaridad interterritorial. Precisamos una reforma del Estado Autonómico en sentido federal, tanto en el plano material como formal, que nos lleva a una reforma de la Constitución, la cual exige de un pacto constitucional, que en otras palabras es un nuevo contrato social en nuestro país, que para los socialistas descansaría en los pilares de la igualdad, el desarrollo económico sostenible, la modernización de las instituciones, y el desarrollo de formas más participativas y dialogantes entre éstas y para con la ciudadanía, entre otras cuestiones. La Constitución Española nació hace 35 años para la garantía de la igualdad de toda la ciudadanía española, reconociendo su diversidad y singularidad territorial. Ha de seguir siendo así. Necesitamos recuperar fines compartidos que ayuden a consolidar, con las reformas oportunas que garanticen su sostenibilidad, el modelo de bienestar social, que los andaluces ligan mayoritariamente al gobierno de las autonomías, además de la clarificación de competencias que fortalezca la autonomía local, en peligro evidente con la reforma que aprobará el Gobierno de Rajoy. Los 35 años de la Constitución que celebramos estos días nos sirven de atalaya para mirar al futuro. La sociedad española, y en ella los más jóvenes, exigen una nueva deliberación democrática que nos una en la diversidad y discrepancia siempre en aras de un proyecto colectivo.
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